Los niveles de protección que instauran las diferentes legislaciones laborales estatales pueden chocar con la construcción de un mercado interior caracterizado por la libre prestación de servicios, lo que obliga a reinterpretar el papel regulador de la autonomía de la voluntad cuando el contrato de trabajo adquiere una dimensión internacional. El enfoque con el que la autora aborda este tema es eminentemente práctico, analizando problemas que hasta ahora habían pasado desapercibidos, bien porque el tratamiento de la cuestión había sido eminentemente dogmático, bien porque se había hecho una lectura sesgada del contrato de trabajo internacional. Es el caso del tratamiento que dispensa al problema de la calificación del contrato o de la identificación de las normas imperativas e internacionalmente imperativas que limitan la capacidad rectora de las partes.