El sector social de la discapacidad articulado en torno al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) viene denunciado desde hace años la desprotección social, jurídica y económica que sufren las víctimas de accidentes de circulación vial que adquieren una discapacidad a consecuencia de este tipo de siniestralidad. Este desamparo se extiende también a la familia de la víctima, que recibe el impacto del accidente y de sus consecuencias de toda índole (emocionales, personales, sociales, económicas, asistenciales, etc.). Los accidentes de tráfico son una de las primeras causas generadoras de discapacidad sobrevenida en España; cada año, miles de personas adquieren una discapacidad (lesión medular, daño cerebral sobrevenido, amputaciones de miembros, pérdida o grave deterioro de sentidos como el de la vista o el oído, etc.) que tiene su origen en un accidente de tráfico. Para paliar esta situación de falta de apoyos, el CERMI ha reclamado a las fuerzas políticas la aprobación de una ley integral de protección a las víctimas que establezca la condición legal de víctima de accidente y unifique y aumente todos los mecanismos de asistencia y ayuda que prestan los poderes públicos, en los distintos ámbitos y niveles. A fin de favorecer la adopción de esta iniciativa, y de acuerdo con su naturaleza esencialmente propositiva y de incidencia política para producir innovación social que beneficie a la discapacidad, el CERMI ha elaborado una propuesta de proyecto de ley, que ahora se edita en forma de publicación para facilitar su más amplia difusión y circulación.